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¿Una reforma laboral pactada? Sí, es posible
Manuel Pimentel

En su primer acto público, Rajoy recibió a los sindicatos y empresarios. Fue una buena iniciativa con la que evidenció su compromiso prioritario hacia el empleo y su predisposición al diálogo. Tanto los sindicatos como los empresarios también cumplieron con sobresaliente su papel. Asistieron a la reunión, manifestaron su interés por negociar, al tiempo que exponían sus particulares matizaciones. Rajoy les ha pedido que intenten alcanzar un acuerdo antes del día de Reyes. Si no lo consiguen, se verá obligado a legislar. Esos son los hechos sucintos, que encierran mucha enjundia por analizar.

En primer lugar, ha dejado bien claro que va a modificar la norma laboral, con o sin acuerdo. Prefiere el acuerdo, pero les ha dado un plazo ajustado para su consecución. El anterior presidente cometió el error, en su primer intento, de afirmar que no legislaría sin el acuerdo previo. Esa postura equivalió a una patente de corso para que las partes no se involucraran a fondo. Aquel diálogo nació muerto y el actual -a pesar de las evidentes dificultades- tiene al menos una posibilidad. El plazo es muy ajustado y las posturas de los agentes sociales están muy alejadas, pero debemos apelar a su responsabilidad para que apuren al máximo su imaginación y su capacidad de negociación. Un buen acuerdo sería un poderosísimo estímulo para nuestra economía y una inequívoca señal para el retorno de la confianza. Ojalá lo consigan. Sospecho que se involucrarán a fondo. Un acuerdo tendría una gran recompensa social para todos.

La economía española precisa de una profunda modernización de sus normas laborales. Las reformas no son caprichos ni simples señales para los mercados o las autoridades europeas. Se trata de una necesidad imperiosa para sobrevivir. Nuestras relaciones laborales se basan en el Estatuto de los Trabajadores, una norma del 82. Han pasado 30 años desde entonces, y la realidad de la España actual tiene poco que ver con aquella economía cerrada y corporativa. Aunque es cierto que ha sufrido muchas reformas, también lo es que salvo alguna modificación de importancia, como los contratos temporales o las causas objetivas de despido, lo sustancial de la norma sigue vigente. El PIB español ha experimentado una caída similar a la de la media europea y sin embargo hemos destruido empleo de forma masiva, a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países del centro y norte de Europa, que han aguantado mucho mejor el chaparrón. Nuestro exceso de construcción y su consiguiente temporalidad no explica esta desproporción. La rigidez de nuestra norma laboral tiene mucho que ver en ello.

Cuando se habla de reforma laboral el debate tiende a centrarse en el coste del despido. En esta ocasión no es lo prioritario, aunque todos los nuevos contratos indefinidos deberían tener una indemnización similar a la media europea que apenas si supera los 20 días. Los contratos vigentes a fecha de la reforma mantendrían su indemnización, aunque las causas objetivas de despido deberían clarificarse definitivamente.

Lo importante es avanzar en flexibilidad. Y ahí es posible un gran acuerdo, máxime cuando algunos convenios colectivos, como el de químicas, ya incorporan elementos muy avanzados y positivos. ¿Qué significa flexibilidad? Pues sencillamente capacidad de adaptación de la empresa a las circunstancias cambiantes de su entorno. Los países nórdicos, Holanda y Alemania incorporaron elementos de flexibilidad hace unos años a sus normas laborales y gracias a ello han podido capear el vendaval de la crisis con mucha dignidad. Las fórmulas son bien conocidas: flexibilidad funcional, ajuste de jornada y salarios, desempleo parcial, etc.

Hasta hora, para nosotros era imposible modificar lo consagrado en un convenio. Muchas empresas que hubieran podido sobrevivir con estos ajustes se han visto abocadas al cierre, lo que supone un costoso disparate. En España, desgraciadamente, el único elemento de adaptación es el despido, y por eso hemos abusado de él. Conseguir esa flexibilidad en la norma, pero sobre todo a través de los convenios, supondría un importantísimo avance. Creo que se podría llegar a un acuerdo en la materia a través de la modernización de la norma que rige la negociación colectiva.

Debemos mejorar la productividad de nuestra economía y aunque los recursos humanos solo son responsables de una parte de la misma, no cabe duda de que los salarios no deberían indexarse únicamente al IPC, sino referenciarse a la productividad. Los arbitrajes obligatorios en el caso de ultraactividad de convenios vencidos no quedaron bien resueltos en la anterior reforma y habría que concretarla en esta. Productividad y flexibilidad son, por tanto, las palabras claves en la nueva dinámica de negociación, todo ello vinculado a la evolución del marco de negociación colectiva. Podrían alcanzarse consensos en estas materias, a pesar de las diferentes posturas iniciales de las partes.

La sociedad española se merece el gran acuerdo que necesita, y que tiene precedentes en la Europa en la que debemos mirarnos en muchas de estas cuestiones. Para ello también sería preciso un cambio cultural, pero esa ya es otra historia. Los sindicatos y empresarios deben mirarse en el espejo de su propia responsabilidad. Es su hora y lo saben.

Fuente: Cinco Días
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